En una época dominada por titulares sensacionalistas, las batallas legales más discretas son las que tienen las implicaciones más profundas para nuestra vida diaria. La reciente decisión del Tribunal Federal de Apelaciones en relación a los aranceles presidenciales es un ejemplo de ello. Si bien puede parecer un asunto árido y proselitista, la pregunta ¿Tiene el presidente autoridad unilateral para aumentar los impuestos? es fundamental para la democracia.
La Constitución de los Estados Unidos no se equivoca cuando otorga explícitamente al Congreso la facultad de «establecer y recaudar impuestos, derechos, contribuciones e impuestos especiales». Esta separación de poderes fue un diseño deliberado de los fundadores de este país para garantizar que los representantes del pueblo no tengan el control total de la economía nacional. Este es un control directo sobre la autoridad ejecutiva.
Como argumentó James Madison, un presidente no puede convertirse en rey precisamente porque el dinero nпо puede estar en manos de los representantes del pueblo. Los aranceles, que son simplemente impuestos sobre los bienes importados, son competencia exclusiva del Congreso.
Sin embargo, durante décadas, el Congreso ha cedido gradualmente parte de esta autoridad, permitiendo a los presidentes ajustar las tasas arancelarias. La administración actual puso a prueba los límites de este poder delegado, imponiendo aumentos arancelarios radicales que fueron impugnados en los tribunales. Este fallo del tribunal de apelaciones ofrece una respuesta peligrosamente confusa.
Si bien el tribunal anuló la mayoría de los aumentos arancelarios del presidente actual, lo hizo argumentando que había excedido la autoridad específica otorgada por el Congreso, no porque hubiera violado la propia Constitución. Esto deja la puerta abierta para que cualquier presidente futuro, de cualquier partido, imponga impuestos similares, siempre que pueda argumentar que se ajustan a un marco amplio aprobado por el Congreso.
Este no es un debate jurídico abstracto. Estos aranceles tienen consecuencias tangibles. Pueden frenar la inflación al ser eliminados, pero al mismo tiempo perjudicar los empleos nacionales que dependen de ellos para su protección. Más grave aún, la decisión del tribunal crea un escenario en el que miles de millones de dólares en impuestos arancelarios recaudados podrían tener que ser reembolsados, obligando al Tesoro a endeudarse más y elevando las tasas de interés de una deuda nacional ya de por sí abrumadora.
Sin embargo, la conclusión más alarmante es el precedente que esto deja sentado. Si el poder judicial permite al Congreso delegar su poder de fijación de tarifas al presidente, ¿qué impide que un futuro Congreso haga lo mismo con los impuestos sobre la renta? Imaginen a un presidente con la autoridad de aumentar las tasas del impuesto sobre la renta mediante decreto, ignorando a los funcionarios electos responsables ante los votantes.
Defender la Constitución no es una cuestión partidista; es la piedra angular de nuestro sistema. La facultad de imponer impuestos pertenece al Congreso. Debemos exigir que nuestros legisladores la reclamen y que nuestros tribunales ratifiquen este principio fundamental antes de que un control vital sobre el poder ejecutivo se erosione hasta quedar irreconocible.